En la actualidad, no es novedad que numerosos contribuyentes tienen parte de sus activos en criptomonedas, razón por la que muchos países están intentando legislar los criptoactivos.
Sin embargo, el preocupante atraso de la regulación ha repercutido negativamente en el desarrollo de mecanismos de control que brinden garantía a todos los actores involucrados, al igual que hay una gran incertidumbre entre los profesionales de la contaduría pública en cómo contabilizar las transacciones, ya que las criptomonedas al ser activos que tienen una particular exposición a la especulación en los mercados, dificulta el ejercicio de la medición objetiva, lo que conlleva a la distorsión de la situación financiera de una organización.
“La falta de control cada vez más abre senderos para que el uso de criptomonedas pueda ser el blanco de actividades ilícitas o conduzca a la generación de vacíos normativos”, señala Juan Pablo Cendales, docente investigador de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia.
En lo que se refiere a Colombia, a la fecha, no existe una norma formalizada que regule los temas relacionados con el uso de criptoactivos. En el 2018 se formuló un proyecto de Ley (028 de 2018) que, entre otras cosas, propone que el uso de criptoactivos quede en manos de entidades especializadas que deberán contar con la aprobación del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MinTIC). Dichas entidades deberán contar con sofisticados sistemas de administración de riesgos, para evitar que los mercados de criptoactivos se filtren operaciones ilícitas. De hecho, el proyecto de Ley también menciona algunos aspectos relacionados con la creación de un impuesto para operaciones con criptomonedas.
De todos modos, como lo explica el docente Cendales, “el rezago en la regulación restringe la posibilidad de que estas operaciones brinden garantías al público en general, además de continuar favoreciendo cierto ambiente de clandestinidad cuando se trata de usar criptomonedas. Esta situación nos remite a escenarios en que se gestaron fuertes y nefastas crisis financieras de escala mundial, que dejaron un mensaje claro de la imperiosa necesidad de fortalecer los esquemas normativos.”.
En lo que se refiera a Latinoamérica, el panorama no es muy distante y todavía falta recorrer un largo camino para entender las implicaciones de estos mercados, su efecto en la economía, el papel que deben ejercer los bancos centrales y las entidades de vigilancia y control, y los protocolos de seguridad que deben desplegarse.
“Más allá de concluir que los mercados donde se intercambian criptomonedas deben ser absolutamente intervenidos, y sin entrar en la controversia de una potencial violación al libre mercado, sí resulta pertinente señalar que debe existir un mayor compromiso de las autoridades, para establecer unas reglas mínimas de funcionamiento y un régimen sancionatorio que, en últimas, le imprima más dinamismo al intercambio mediado por este tipo de activos.
En definitiva, estas iniciativas, desde luego, deben extenderse al ámbito contable, de tal forma que el marco conceptual vigente incluya la definición de criptomoneda y se den los parámetros técnicos específicos para su tratamiento”, concluye el docente investigador Juan Pablo Cendales.