Es una realidad que diversos grupos criminales y terroristas buscan traficar con materiales químicos, biológicos, radiactivos y nucleares regidos por diferentes tratados internacionales, leyes de Estados Unidos y Europa, así como por normas corporativas globales.
Por Adrián Sánchez, Director de Cumplimiento y Delitos Financieros para América Latina y el Caribe en LexisNexis Risk Solutions
Aunque este tipo de materiales son utilizados legalmente por diferentes sectores industriales en beneficio de la humanidad, también pueden ser utilizados para la producción de armas de destrucción masiva (ADM), las cuales están sujetas a las normas más estrictas del mundo.
Las sanciones por el uso intencionado o no de los sistemas financieros y las cadenas logísticas comerciales para traficar con este tipo de material cuentan con una mayor supervisión internacional. Los principales actores internacionales preocupados por este problema global son Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU, Interpol, el GAFI y los países europeos. Todos ellos comparten una meta común: impedir que los malos actores desarrollen armas de destrucción masiva y el lavado de dinero que las sustenta. Cuando detenemos el lavado de dinero que financia esta actividad, ayudamos a detener la actividad criminal y terrorista.
Profundicemos en cada uno de los actores internacionales que trabajan para detener el desarrollo de armas de destrucción masiva.
Naciones Unidas (ONU) – El Consejo de Seguridad (CS) y la Asamblea General (AG) de la ONU advierten continuamente de la posibilidad de que agentes no estatales, incluidos los grupos terroristas, accedan a armas y materiales de destrucción masiva. Los terroristas han ensayado nuevas formas y medios de adquirir y utilizar dichas armas con el objetivo de controlar mejor sus propios intereses criminales, aumentar el daño a las operaciones legítimas y propagar el terrorismo. La web oscura permite adquirir fácilmente materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares a través de canales comerciales tanto legales como ilegales para conseguir sus objetivos.
Debemos recordar que las resoluciones del CS son vinculantes para todos los Estados y, en el ámbito de las ADM, destacan las resoluciones 2325 (2016), 1929 (2010), 1803 (2008), 1747 (2007), 1737 (2006), 1696 (2006), 1540 (2004) y 1373 (2001). Estas resoluciones exigen a los países que «congelen sin demora los fondos u otros activos de, y se aseguren de que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, en o para beneficio de cualquier persona o entidad designada por o bajo la autoridad del CS dentro del capítulo VII de su carta fundacional». (Recomendaciones del GAFI actualizadas en junio de 2021)
Estas resoluciones garantizan efectivamente que los sistemas legales y las bases de datos de las instituciones financieras y las empresas dedicadas a la logística comercial deben seguir las listas de sanciones de los grupos terroristas y las empresas que se han utilizado para la transferencia de estos materiales en el pasado para disuadir la producción de armas de destrucción masiva en el futuro.
GAFI– A través de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promueve el cumplimiento de la Recomendación 7 sobre sanciones financieras contra la proliferación de ADM. Los países miembros del GAFI deben aplicar sanciones financieras específicas para cumplir con las resoluciones de la UNSON para prevenir, suprimir y poner fin al desarrollo y la financiación de las ADM.
Estados Unidos – Es una prioridad para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DOT: 2011 y 2012) aplicar sanciones para prevenir la proliferación de ADM. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Unidad de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) han añadido innumerables países y empresas a las listas de sanciones. Además de las sanciones que puede imponer el gobierno estadounidense, el costo para la reputación de las instituciones financieras o comerciales por ser utilizadas indirectamente por cualquiera de los países que violan estas leyes puede ser muy alto.
Europa – Todos los países europeos tienen la responsabilidad de acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la proliferación de ADM. El Reino Unido está a la cabeza de Europa y probablemente cuenta con la normativa más estricta del continente. Al menos seis organismos británicos tienen el mandato de prevenir la proliferación de ADM. Por ejemplo, el Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) es responsable de mantener el sistema de aprobación de licencias de exportación para los bienes exportados desde el Reino Unido fuera de la Unión Europea, incluidos Irán, Corea del Norte y Siria.
Francia, en particular, tiene una importante industria de energía nuclear y es muy cuidadosa a la hora de controlar la manipulación y el transporte de materiales y residuos nucleares dentro y fuera de sus puertos. Los países de Europa del Este también están en alerta permanente debido a las fronteras que comparten.
América Latina y el Caribe – Todos los países miembros del GAFILAT, un grupo que trabaja para desarrollar e implementar una estrategia global integral para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tal como se establece en las recomendaciones del GAFI, son responsables de cumplir con la Recomendación 7 de dicha entidad. Los países miembros también tienen una fuerte presión de Estados Unidos para que el hemisferio occidental esté libre de la proliferación de armas de destrucción masiva. Aunque la mayoría de los países de la región firmaron el Tratado de Tlatelolco -que creó la primera Zona Libre de Armas Nucleares del Mundo en Latinoamérica y que fue negociado y firmado por los países de la región a raíz de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962-, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales objetivos de los grupos terroristas que intentan acceder a este tipo de armamento. Por esta razón, los Ministerios de Finanzas y las unidades de inteligencia financiera de las naciones latinoamericanas y del Caribe están evaluando constantemente sus compromisos con el GAFI sobre la proliferación de ADM.
América Latina no está libre de la actividad terrorista internacional. En julio de 2018, la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF-AR) dictó una medida administrativa de congelamiento de bienes y dinero de los integrantes de una presunta organización criminal vinculada a Hezbollah, que operaría en la zona conocida como «triple frontera» entre Argentina, Brasil y Paraguay. La UIF-AR reunió elementos de prueba que sugieren que esta organización criminal podría estar involucrada en acciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Dichos individuos formaban parte de una organización denominada «Clan BARAKAT», liderada por Assad Ahmad BARAKAT, quien tendría estrechos vínculos con la cúpula de Hezbollah (UIF-AR: 2018).
Las alertas del Reino Unido para Trinidad y Tobago incluían a nacionales que formaban parte de grupos de combate de ISIS en Siria e Irak (Reino Unido: 2021). Cuba también volvió a la lista de países patrocinadores del terrorismo en enero de 2021, después de haber sido retirada en 2015 (DOS: 2021). Las relaciones de Venezuela con Irán preocupan mucho a las autoridades estadounidenses, ya que Irán es uno de los países con mayor número de sanciones por parte de Washington y del Consejo de Seguridad en relación a la posesión de armas de destrucción masiva.
Mercancía de doble uso – Otra cuestión de máximo interés para la seguridad internacional es la regulación de la producción y el comercio de bienes de doble uso. Se trata de bienes tangibles e intangibles que pueden utilizarse para usos civiles, militares o de proliferación de armas convencionales o de destrucción masiva (SE: 2011). Los ministerios de economía y/o comercio de la mayoría de los países se han comprometido con las mencionadas resoluciones de la UNSON, que también exigen a los Estados que contribuyan al desarme, el control de armas y la no proliferación. Por este motivo, la mayoría de los gobiernos desarrollan mecanismos de regulación como las cuotas de exportación previas y las declaraciones de uso final. Los gobiernos pueden cancelar los permisos de exportación y sancionar a las empresas que no cumplan con todas las regulaciones.
Conclusión
Las acciones reguladoras y sancionadoras extremadamente fuertes han reducido significativamente la amenaza de las ADM a lo largo de los años. Las instituciones y empresas financieras, especialmente las vinculadas a la logística y al comercio mundial, deben permanecer vigilantes para que ningún grupo criminal o terrorista pretenda utilizarlas indirectamente para cumplir sus fines ilícitos. Aunque a primera vista parece complicado cumplir con todas las diversas obligaciones nacionales e internacionales, el acceso a la tecnología y los datos adecuados permite agilizar la diligencia debida, el conocimiento del cliente, la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las listas de sanciones. Porque la realidad es que el futuro de la humanidad está en juego.
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